El Gobierno español avanza en su estrategia para reforzar la protección de los jugadores y el control del ecosistema digital. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, trabaja en la puesta en marcha de un sistema centralizado de límites de depósito para todos los usuarios de juego online, mientras consolida la transparencia con la renovación de la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
El proyecto normativo, iniciado en 2023 y aún pendiente de aprobación definitiva, prevé la creación de un Portal del Jugador que permitirá a la DGOJ controlar de forma conjunta los depósitos que un usuario realiza en distintas plataformas reguladas.
A diferencia del modelo actual, en el que cada operador gestiona los límites de manera independiente, la nueva herramienta obligará a verificar en cada ingreso si el jugador mantiene margen dentro de los topes fijados. Según el borrador, los límites por defecto se sitúan en 600 euros al día, 1.500 a la semana y 3.000 al mes.
Además, el sistema incorpora un mecanismo de flexibilidad, donde los usuarios podrán reducir esos límites o incluso eliminarlos, aunque los cambios no se harán efectivos hasta pasados tres días y solo podrán modificarse una vez por trimestre. Con ello se busca evitar decisiones impulsivas y mantener un marco estable de protección.
Por su parte, los operadores tendrán que advertir a sus clientes cuando se acerquen o superen los límites y explicar de manera clara el funcionamiento de la nueva plataforma.
Aunque el decreto todavía no se ha aprobado ni publicado en el Boletín Oficial del Estado, el texto ha sido sometido a informes de organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y forma parte de la agenda normativa del Ejecutivo para 2025.
En paralelo, el debate en torno a estas restricciones ha despertado controversia. Mientras algunos sectores celebran la medida como «un paso decisivo para prevenir conductas de riesgo”, otras partes del mercado advierten que podría favorecer la concentración en pocos operadores o incentivar el juego ilegal, como ya ocurrió en otros países europeos con regulaciones estrictas.
Mientras este proyecto avanza, la DGOJ acaba de renovar su certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en nivel medio, tras superar la auditoría de conformidad realizada por la entidad acreditada AENOR CONFIA S.A.U. El ENS, regulado por el Real Decreto 311/2022, establece las bases de protección para los sistemas de información de las administraciones públicas españolas.
La certificación implica que la DGOJ cumple con normas y buenas prácticas que garantizan la seguridad de la información sensible, desde datos personales hasta procesos digitales críticos, y refuerza su papel como garante de un entorno confiable para operadores y usuarios.
El regulador español había obtenido la certificación inicial en 2023 y ahora, dos años después, ratifica su “compromiso con la seguridad digital y la protección frente a amenazas emergentes”.
Desafíos regulatorios en España
El control de los depósitos es parte de un esfuerzo más amplio en el que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto el foco en la prevalencia del juego entre adolescentes.
Como reveló recientemente la Encuesta ESTUDES, coordinada por la DGOJ, más de la mitad de los estudiantes de entre 14 y 18 años no ha recibido información suficiente sobre los riesgos de las apuestas, pese a que la edad media de inicio se sitúa en apenas 13,9 años.
Aunque la mayoría de los jóvenes que apuestan lo hacen en entornos presenciales, uno de cada cinco ya ha jugado con dinero alguna vez y cerca de un 4 por ciento muestra indicadores de juego problemático. Ante este panorama, la DGOJ insiste en que es imprescindible reforzar la prevención educativa y avanzar hacia mecanismos unificados de detección de riesgos en el entorno online, con herramientas basadas en inteligencia artificial que permitan anticipar conductas de peligro.
